• Nuevo régimen de facturación. Factura electrónica o controlador fiscal

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de las resoluciones generales 4290, 4291 y 4292 generalizó la obligación de emitir comprobantes de ventas mediante facturas electrónicas o a través de controladores fiscales, por parte de los contribuyentes (Responsables Inscripto, Monotributistas y exentos en IVA) por las operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras y las señas o anticipos que congelen el precio.

Principales aspectos a tener en cuenta:

I – Cronograma de implementación:

Factura electrónica o controlador fiscal. Los Monotributistas, por las operaciones que realicen a consumidores finales, la obligación resulta de aplicación a partir del 1/4/2019.

Por las restantes operaciones, la obligación de emitir comprobantes por medios electrónicos o a través de controladores fiscales se ajusta al siguiente cronograma, según la categoría:

          Categorías Por los comprobantes que emitan a partir del
               F a K                6 de agosto de 2018
                  E                1 de octubre de 2018
                  D                1 de diciembre de 2018
                  C                1 de febrero de 2019
                   B                1 de marzo de 2019
                  A                1 de abril de 2019

 

Los contribuyentes Exentos en IVA: 1/11/2018 al 01/01/2019

La Factura Manual sólo podrá ser utilizada por los Monotributistas con Inclusión Social y en los casos de “contingencia” que indique la AFIP. Para las operaciones de ventas o de prestación de servicios en el domicilio del cliente (ruteo), también se debe abandonar la Factura Manual a partir de Abril/2019, pudiendo utilizarse en estos casos la “Facturación Móvil” (aplicación de la AFIP para el teléfono celular)

II – Las Facturas Electrónicas serán sólo con CAE (Código de Autorización Electrónico):  El sistema CAEA (Código de Autorización Electrónico Anticipado) podrá ser utilizado por los contribuyentes ya autorizados, y por las demás contribuyentes sólo en caso de “contingencias” (ante la imposibilidad de facturar con CAE).

III – Factura a consumidor final: se aumenta de $1.000 a $5.000, el monto mínimo para identificar el destinatario de las Facturas Electrónicas B y C (con su CUIT, nombre, apellido y domicilio).

IV – Controladores fiscales: los equipos denominados de la “vieja tecnología” podrán utilizarse hasta el 31 de enero de 2021, inclusive, a partir del 1 de febrero del mismo año deberán utilizarse equipos de “Nueva Tecnología. Los sujetos que utilicen el equipamiento electrónico denominado “Controladores Fiscales” de la “Nueva Tecnología”, deberán generar e informar semanalmente -inclusive cuando no hayan tenido movimientos o emitido comprobantes-, los siguientes reportes:

  1. a) Reporte Resumen de Totales, por el período semanal correspondiente.
  2. b) Reporte de Duplicados electrónicos de comprobantes clase “A”, “A con leyenda” y “M” emitidos, por el período semanal correspondiente.”.

Con estas medidas se pone mayor presión fiscal a los contribuyentes que deberán ayornarse a la factura electrónica o al controlador fiscal este último representa un mayor costo (su precio en el mercado ronda los $15.000) y una mayor carga administrativa.

 

  • DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL FINALIZAR UNA RELACIÓN LABORAL

 

Al finalizar la relación laboral, cualquiera sea el motivo (renuncia, despido, etc.) el empleador debe hacer entrega al trabajador de:

  • La constancia de baja emitida por AFIP,
  • La liquidación final,
  • y los certificados de trabajo, que se conforman de dos maneras:

el certificado del Art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y de la Certificación de Servicios y Remuneraciones de la ANSES.

Estos certificados tienen estas características:

  • la Certificación de Servicios y Remuneraciones (Formulario PS. 6.2), la misma fue dispuesta por la Res. 2316/07 de la AFIP, la cual dispuso su obligatoriedad en el Art. 6. En la misma se detallan las remuneraciones del trabajador a lo largo de la relación laboral, tiempo y tipos de servicios de servicios a fin de poder iniciar el trabajador el trámite jubilatorio (una vez que reúna los requisitos correspondientes edad y aportes).
  • el Certificado del Art. 80 de la LCT, que se confecciona en forma online desde la página de AFIP conforme la Resolución Conjunta 3669/2014 AFIP, Resolución 941/2014 del MTEySS, y la Resolución General 3781 AFIP. Este certifica la prestación de servicios del trabajador, indicando además del detalle de las remuneraciones abonadas a lo largo de toda la relación laboral, todos los aportes y contribuciones a la seguridad social durante toda la relación, tiempo, tipo de servicios y categoría.

El no entregar esta documentación al finalizar la relación laboral puede derivar en un reclamo judicial generando el pago de las multas previstas en Art. 45 de la Ley N° 25.345 “…será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor…”

Es por lo tanto de suma importancia entregar la documentación descripta in supra.

 

 

  • Riesgos por No realizar retenciones en los pagos a proveedores

 

Entre las facultades que tiene el fisco, está la imposición a las empresas de retener a sus proveedores cada vez que realizan un pago. Mediante la Resolución General 4245, la AFIP modifica los montos sujetos a retención establecidos en el Anexo III de la RG 830/2000.

Luego de esta actualización, detallamos quienes están obligados a retener y que ocurre en caso de no hacerlo.

Impuesto a las Ganancias, la Resolución General 830 establece que todas las personas y/o empresas (inclusive las exentas) deben actuar como agentes de retención (artículo 4º).

Es decir, toda persona que realice un pago que supere los montos mínimos no sujetos a retención y el proveedor sea una persona pasible de retención, deberá retener. Detallamos las operaciones más habituales y los montos no sujetos a retención.

Operaciones de transporte de carga nacional e internacional, hasta $42.700;

Venta de bienes muebles y bienes de cambio, hasta $142.400;

Locaciones de obra y/o servicios no ejecutados en relación de dependencia, hasta $42.700;

Si el pago se realice un monto superior se debería retener según alícuota por el saldo restante.

Pero si no se realiza la retención las sanciones de la AFIP son las siguientes:

Impugnar el gasto del Impuesto a las Ganancias, lo que representa el 35% del monto neto de la factura; Intereses (entre el 36% y 54% anual); y Multa que equivale al 100% del impuesto no retenido oportunamente.

En el IVA, la Resolución General 2854 establece que deben actuar como agentes de retención aquellas personas que sean expresamente nominados por la AFIP.

Es decir, no es cualquier persona, sino únicamente aquellos que integren los Anexos de dicha Resolución que la AFIP elabora y actualiza constantemente.

Las sanciones y multas, por no retener, son similares a las del impuesto a las ganancias.

En ingresos brutos de la Provincia de Córdoba, por el articulo 236 del decreto 1205/15 los agentes los nomina la Secretaría de Ingresos Públicos (SIP) también están aquellos que por su actividad quedan obligados a inscribirse como Agentes.

Al igual que ocurre con el Impuesto a las Ganancias y el IVA, las sanciones por no actuar como Agente de Recaudación son muy severas, RENTAS intentará cobrarse todo lo que no se retuvo oportunamente (con más sus intereses y recargos).

Por lo anteriormente expuesto es vital que las empresas (y sus contadores) revisen periódicamente dichos Anexos, para verificar que no los hayan incluido como Agentes de Retención como así también controlar los montos de las ordenes de pagos a realizar.

 

 

MBA Cr. Fernando Peino

MP 10.19454.0 CPCE CBA

 

 

  • Monotributo Unificado – Principales Cambios

 

Mediante la Resolución General Conjunta 4263 de la AFIP y el Ministerio de Finanzas de Córdoba, se aprueba el “Sistema Único Tributario.” Este nuevo sistema, busca simplificar y unificar los trámites de orden tributario nacional y de las administraciones tributarias provinciales que adhieran al mismo por convenios o normas particulares.

Principales Modificaciones:

1 – A partir de julio, los contribuyentes del régimen simplificado de Ingresos Brutos de Córdoba abonarán en un solo pago sus impuestos nacionales y provinciales sin trámites adicionales.

2 – Hay que volver a imprimir la credencial de pago porque cambia el Código Único de Revista (CUR).

3- Los que están exentos en la Provincia (profesionales, oficios y algunas actividades) no tendrán ninguna modificación. Si la persona cambia de categoría, automáticamente se modifica el pago.

4 – Para el caso de los profesionales, que hasta el momento no tenían la obligación de inscribirse en Rentas Córdoba, serán inscriptos de oficio pero continuarán exentos.

5- Quien inicia su actividad, cuando da de alta el Monotributo en la AFIP, con los datos que debe informar, el sistema le dirá si está exento, gravado o no alcanzado en Ingresos Brutos.

6- Eliminación de Percepciones, Retenciones y Recaudaciones Bancarias a los monotributistas.

7 – Una constancia ÚNICA de inscripción, para los tres niveles del Estado.

 

 

  • Nuevo MONOTRIBUTO 10 principales cambios vigentes 

 

  • La reforma tributaria (Título V de la Ley 27.430) introdujo modificaciones al monotributo que están vigentes desde el 1 de junio de 2018, aquí sintetizamos las principales:
    1. Sucesiones indivisas, solo podrán permanecer en el régimen simplificado las sucesiones continuadoras de causantes adheridos al mismo hasta la finalización del mes en que se dicte la declaratoria de herederos, se declare la validez del testamento que verifique la misma finalidad o se cumpla un año dese el fallecimiento del causante, lo que suceda primero (artículo 149).
    2. Sociedades hecho y comerciales irregulares que tuvieran hasta un máximo de tres socios, se las excluye del régimen simplificado, las mencionadas sociedades deberán convertirse al régimen general de la AFIP en los términos que indique la reglamentación respectiva. Consideramos que la mejor opción es constituir una sociedad por acciones simplificada (SAS). De tratarse de condominios de bienes muebles e inmuebles, el artículo 5 del Decreto 1/10 establece que se dará idéntico tratamiento que el previsto para las sociedades comprendidas en el Monotributo, ergo, tampoco podrán seguir dentro del régimen simplificado a partir del 1 de junio de 2018.
    3. Cantidad mínima de personal, se elimina este requisito, que estaba previsto para las categorías I, J ó K; no están obligados a contratar personal a su cargo.
    4. Precio máximo unitario de venta, se eleve de dos mil quinientos pesos ($ 2.500) a quince mil pesos ($ 15.000) sólo en los casos de venta de cosas muebles.
    5. Importaciones de cosas muebles y/o de servicios, para no ser excluido del régimen es requisito de no realizarlas durante los últimos doce (12) meses calendario siempre y cuando las mismas sean para su comercialización posterior. Pero si para el uso personal del contribuyente.
    6. Recategorizaciones, serán dos recategorizaciones semestrales en el año (enero a junio y julio a diciembre), se dispone también la obligación de confirmar la categoría en caso de que se permanezca en la misma.
    7. Inicio de actividades, transcurridos seis (6) meses el contribuyente deberá proceder a anualizar los ingresos brutos obtenidos, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados en dicho período, a efectos de confirmar su categorización o determinar su recategorización o exclusión del régimen, de acuerdo con las cifras obtenidas.
    8. Recategorización de oficio, se faculta a la AFIP a poder cambiar de categoría a los contribuyentes cuya situación declarada no se ajusta a los bienes adquiridos, los depósitos bancarios y los gastos incurridos por la actividad.
    9. Multas, por omisión del pago del tributo que les hubiere correspondido abonar a los contribuyentes como consecuencia de la falta de presentación de la declaración jurada de recategorización o cuando habiéndola presentado, la misma sea inexacta. La mencionada sanción equivale al 50% del impuesto integrado que le hubiera correspondido abonar más el 50% de la cotización previsional con destino a jubilación que les hubiera correspondido abonar.
    10. Actualizaciones de tablas, serán a partir de enero de cada año, debiendo considerarse los nuevos valores de los parámetros de ingresos brutos, energía eléctrica y alquileres devengados para la recategorización correspondiente al segundo semestre calendario del año anterior.

     

     

                                                                                                                                                MBA Cr. Fernando Peino

    MP 10.19454.0 CPCE CBA

 

 

 

  • PORQUE NO ES CONVENIENTE QUE LOS AUTOMÓVILES DE SOCIOS ESTÉN EN EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA.

 

Las empresas suelen optar por incorporar al patrimonio los automóviles de uso personal de los socios con el objetivo de poder descontarse, el 21% del IVA (crédito fiscal) y en el impuesto a las Ganancias deducir la amortización del auto y todos los gastos que tenga el automóvil durante su uso (nafta, servicio técnico, seguro, patente, etc.).

Pero esta “maniobra” no es conveniente, pasamos a explicar las razones:

El limite a computar como crédito fiscal en IVA es de $4.200 (art 12 Ley de IVA) por automóvil.

La ley del Impuesto a las Ganancias, sólo admite deducir $ 4.000 por año de amortización y $ 7.200 por año en total de gastos (nafta, servicio técnico, patente, etc.). La AFIP podrá impugnar y sancionar con multas que van del 100% al 600% del impuesto omitido o evadido de todo lo que se deduzca por encima de estos límites. Además, cuando la empresa venda ese automóvil, la venta estará gravada en el Impuesto a las Ganancias.

Un mayor inconveniente surge con ley de Reforma Tributaria (Nº 27.430) al incorpora la presunción de distribución de dividendos, es decir, cuando los socios utilicen bienes (automóviles, por ejemplo) que estén registrados a nombre de la empresa, habrá una presunción de que se están distribuyendo dividendos por valor del 20% del valor de mercado de dichos bienes. Esto implica que se deberá pagar entre el 7% y el 13% de dicho monto (20% del valor de mercado de los automóviles), en concepto de impuesto sobre dichos dividendos presuntos.

En nuestra opinión, considerando lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que los valores mínimos no imponibles en el impuesto a los bienes personales se están actualizando, sugerimos que los automóviles de uso personal se incorporen al patrimonio de los socios.

 

 

 

 

 

 

  • SE PODRÁN PAGAR LOS SUELDOS A TRAVÉS DE BILLETERAS ELECTRÓNICAS.

 

Mediante la Resolución 168/2018, el Ministerio de Trabajo de la Nación habilitó a los empleadores a transferir la remuneración de los trabajadores a través de un teléfono celular.

La norma estable (entre otras cuestiones):

“Los dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos habilitados como canales para la transferencia inmediata de fondos podrán ser utilizados por el empleador para la acreditación de remuneraciones en dinero siempre que exista la aceptación explícita y fehaciente del trabajador y que tal modalidad no tenga ningún costo para este último en su instrumentación y mantenimiento, ni en transacciones relacionadas con transferencias, conversiones en dinero en efectivo de su remuneración o consultas de saldos y movimientos.”

“Los dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos comprendidos deberán posibilitar la acreditación en una sola transferencia de la remuneración total debida al trabajador.”

“La utilización de la modalidad descripta siempre será voluntaria y optativa para el trabajador, el cual podrá en todo momento, a solo requerimiento y sin costo alguno, desistir de su utilización.”

“La constancia de la transferencia de fondos a favor del trabajador emitida por la plataforma de pago móvil habilitada a tal efecto, constituirá para el empleador prueba suficiente del hecho de pago de la remuneración debida en dinero, en los términos del artículo 125 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).”

En nuestra opinión, son pocas las billeteras virtuales disponibles en el país, pero la norma es muy positiva, de avanzada para el contexto de nuestro país, apunta a un mercado que no está aún bancarizado y que a los bancos les cuesta atender por la velocidad o rotación del personal, como los call center y los trabajadores temporales o parte del sector agropecuario que esta por fuera de la bancarización. Aún falta el marco regulatorio que le dé contexto y contenido para que pueda empezar a aplicarse.